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Viernes 14 de agosto de 2020

Corrientes: Modifican escalas, alícuotas y coeficientes del Inmobiliario Rural

Sección
Políticas Públicas
Fecha de publicación
8 de enero de 2020

El Gobierno provincial estableció modificaciones en escalas y alícuotas del Impuesto Inmobiliario Rural, así como en coeficientes de valuaciones fiscales de los inmuebles sujetos al impuesto.

En base a lo pedido por la Dirección General de Rentas, el gobernador firmó los decretos correspondientes a la actualización de alícuotas, tasas y coeficientes relacionados con el Impuesto Inmobiliario Rural.

A través del Decreto 3721 se aprobó la modificación de las escalas y alícuotas aplicables para la liquidación del impuesto inmobiliario rural, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020.

Según se explica, a partir de la reforma tributaria de 2014, se buscó otorgar progresividad a la determinación del impuesto inmobiliario rural, para distribuir de manera equitativa la carga del gravamen, siguiendo el principio de “a mayor base, mayor alícuota.

En tanto, a través del Decreto 3722 se fijó el nuevo coeficiente de actualización de los valores fiscales de los inmuebles rurales, vigentes al año 2019, para ser aplicado en la liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

La valuación general inmobiliaria, aquella que comprende la totalidad de los inmuebles ubicados en la provincia se encuentra demorada, lo que arroja un retraso significativo en el ajuste de valores de los bienesraíces rurales.

Por ello, se consideró necesario disponer coeficientes de ajustes como medio conducente, para la actualización de las valuaciones fiscales de los inmuebles rurales, a los fines de atenuar el atraso de los inmobiliarios.

Por último, con el Decreto 3723 se determinó el nuevocoeficiente para ser aplicado en la liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

Argumentan desde el Gobierno que la medida se explica en la potestad para determinar en forma general el coeficiente a aplicar a la valuación fiscal, para conformar la base imponible de Impuesto Inmobiliario Rural, con fundamento en los criterios económicos, tributarios, y de ecuanimidad jurídica que se entiendan pertinentes.

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