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Lunes 15 de octubre de 2018

NOA: La fiebre del litio: cuál es el potencial del recurso en la región

Sección
Economía
Fecha de publicación
13 de junio de 2018

Todos hablan del litio. Las baterías se multiplican en los teléfonos celulares y la industria automotriz pisa el acelerador hacia la electrificación, delineando un recorrido que puede impulsar los precios y multiplicar los proyectos en los próximos años. La Argentina, Chile y Bolivia tienen el 70% de las reservas mundiales del mineral y semejante riqueza natural despierta entusiasmos de todo tipo. ¿Hay una explosión de proyectos en el país? Los abogados dan su visión.

“La fiebre del litio es real. Pero es un mundo aparte dentro de la minería”, ponen en contexto Sergio Arbeleche y Sebastián Vedoya, socios especializados en la práctica de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Y explican: “El litio demanda inversiones mucho menores que una explotación metalífera. Un proyecto puede implicar un desembolso de u$s 200 millones, frente a 10 veces más de uno metalífero. Además, su explotación es diferente: se parece en cierto sentido a la industria del petróleo”.

La frase alude a que el modelo del litio es escalable y permite a una empresa ir extendiendo las “piletas” en el área concesionada –el carbonato de litio surge de la evaporación de la salmuera– a medida que obtiene nuevos fondos o que el negocio lo requiere. En ese sentido, contrasta con el fuerte desembolso inicial en obras y puesta a punto que exige cualquier proyecto metalífero, que empieza a facturar en promedio cinco años después.

“El litio es la mayor fuente de buenas noticias que ofrece la minería”, comparte Luis Lucero, socio de Marval, O’´Farrell & Mairal, el estudio más grande del país. Para el experto, la elevación de la minería a rango de ministerio representó un valor simbólico que refleja el lugar que el Gobierno quiere darle a la actividad. Un sector plagado de disparidades donde el fenómeno del litio se transforma, hoy, en una isla.

“El 90 por ciento de las transacciones del último año y medio fueron de litio. Los proyectos están concentrados en Salta, Jujuy y Catamarca, con un incipiente movimiento en San Luis, que no se va a desarrollar hasta que el gobierno provincial dé señales de que quiere promover la minería”, describe Leonardo Rodríguez, el otro socio que conduce la práctica en Marval.

Al revés de lo que sucedió en 2009, cuando hubo movimientos especulativos en torno del litio –diferencia Rodríguez–, esta vez la fiebre global por el mineral tiene sustento, apoyada en la electrificación de la industria automotriz y en el interés creciente de players de todo tipo por asegurarse el acceso al recurso en los próximos años. “Muchas empresas están entrando en proyectos greenfield a los que les falta exploración y mucho trabajo para convertirse en productivos, observa. Aun así, ingresan para asegurarse el abastecimiento de la materia prima”. Se trata de firmas canadienses, australianas, chinas y estadounidenses, detalla. Como particularidad, hay transacciones protagonizadas por personas físicas, que accedieron en el pasado a una concesión y hoy venden sus derechos a exploradoras chicas o se asocian con ellas mediante joint ventures.

El litio cuenta con otra ventaja frente a la minería tradicional, coinciden los abogados: no tiene “mala prensa”. “Es visto como más amigable con el medio ambiente”, apunta Rodríguez. “Las comunidades no lo consideran de alto impacto, como la minería a cielo abierto”, comparte Vedoya.

En plena etapa de producción ya hay dos compañías en el país: Orocobre, en Jujuy (opera en Salar de Olaroz) y FMC Lithium Corporation, en Catamarca (Salar del Hombre Muerto). “Salta lidera la expansión sectorial, con 29 emprendimientos en marcha, de los cuales dos se encuentran en construcción, cuatro en exploración avanzada, 16 en exploración y siete en instancia de prospección”, detalla Adolfo Durañona, socio de Baker McKenzie. “El segundo lugar lo comparten Catamarca y Jujuy, con 13 iniciativas en cada provincia”, completa.

Durañona pone en números el protagonismo ascendente del recurso. Entre 2012 y 2016, según datos del Ministerio de Energía y Minería, la participación argentina en el mercado de derivados de litio creció del 11 al 16%, y la extracción saltó un 58% en 2017. El Gobierno aspira a que el país se convierta en uno de los mayores productores mundiales en los próximos años.

“Hoy, el litio es la gran vedette de la minería. Pero el cobre sigue siendo el rey”, matizan Roberto Fortunati y Marcos Moreno Hueyo, socio y asociado de Beccar Varela. “En los autos eléctricos, se utiliza mucho más cobre que litio, para la transmisión y los conectores. De todas formas, es muy bueno que haya un nuevo player dentro de la minería”, agregan. El escenario que se abre para la práctica minera llevó al estudio a reforzar su equipo con la incorporación de Moreno Hueyo, quien se especializó en derecho minero en Chile luego de graduarse en la UBA y trabajó más de tres años en el país trasandino.

Beccar Varela no es el único que movió fichas recientemente. Mitrani Caballero & Ruiz Moreno también apostó al potencial del asesoramiento minero con la incorporación de María Laura Lede Pizzurno, Paula Terrel y Matías Olcese, ex integrantes de la boutique especializada Holt Abogados. “A diferencia de otros minerales que se pueden adquirir en el mercado, el litio no es una commodity. Por eso, la manera de garantizarse el recurso para empresas como las automotrices es participando a través del equity de las compañías”, apunta Olcese. El estudio asesoró en el due diligence a una división de Toyota –que ya participaba en el proyecto del Salar de Olaroz, en Jujuy– en la compra del 15 por ciento de la propia minera australiana Orocobre, operación por u$s 232 millones.

Junto con la automotriz, otra industria que puede impulsar la demanda de litio en los próximos años es la ligada a energías renovables, dada la necesidad de almacenar producción que enfrentarán la generación eólica y solar, completa Lede Pizzurno.

Otro panorama

Fuera de los campos del litio, la actividad minera no escapa a la problemática que enfrentan otros sectores en el momento de atraer inversiones, resumen los abogados. “El Gobierno puede promover una unificación de políticas y que se reduzcan las diferencias entre provincias, lo cual es interesante. Pero es muy difícil que el mundo inversor olvide los muchos más años que dos en los que la Argentina hizo mal las cosas. Y creo que lo que está pasando es eso. No se convence al mundo en dos años de que ahora las vas a hacer bien”, sentencia Lucero.

La salida del cepo cambiario, la eliminación de las retenciones y la flexibilización de las importaciones de maquinaria generaron un entorno “mucho más alentador”, reconoce Durañona. Aun así, prima la cautela, aclara.

“La reacción del inversor al nuevo marco de país fue casi de celebración, sobre todo de quienes tienen intereses en la Argentina. Pero esa reacción no se convirtió en una decisión firme de invertir. Los obstáculos que había en ese momento siguen existiendo y el Gobierno no consiguió todavía despejarlos”, resume Vedoya. Por obstáculos identifica las normas antimineras que subsisten en varias provincias –dueñas de los recursos– y el riesgo político que muchos gobernadores asignan a cualquier medida que promueva la actividad.

En junio del año último, el Gobierno firmó con 14 provincias el pacto minero, con el objetivo de homogeneizar normativas y acercar posiciones entre aquellas que alientan la minería –caso San Juan– y las que tienen prohibida la actividad a cielo abierto –Córdoba, Mendoza, entre otras. El acuerdo no logró sentar a la mesa a todos los integrantes que el oficialismo pretendía (específicamente, a Chubut, donde está frenado por una ley provincial el proyecto de explotación de plata Navidad, de la canadiense Pan American Silver, que promete invertir u$s 1000 millones) y dejó un sabor agridulce a los especialistas.

“Fue un acuerdo muy ambicioso”, cuestiona Arbeleche. “Tiene principios guía y modificaciones al código de minería y a la ley de inversiones mineras que entrarían en vigencia si es ratificado por el Congreso y las provincias. Empezó con una buena intención pero se metió en temas sobre los que no hay consensos entre todas las provincias”, explica. Lo que puede ser una solución para una provincia reticente a la minería se transforma en un sacrificio para una prominera, amplía.

“Se buscó traer al club de las mineras al resto del país. Para eso, hubo que cambiar las reglas –compara Arbeleche. Si se hace ese sacrificio y encima no entran los socios esperados –como Chubut–, queda en evidencia que fue muy amplio”.

Mundos distintos

Las diferencias entre las jurisdicciones son una piedra adicional en el camino, plantean los abogados. “Hacer negocios en distintas provincias termina siendo hacer negocios en distintos países”, dispara Rodríguez. “Está bien que cada provincia dicte sus propias normas regulatorias. Pero, llevado al extremo, es un obstáculo. No se justifica que cada provincia tenga su propio código de procedimiento, como tampoco las demoras en otros procedimientos”, cuestiona.

Moreno Hueyo menciona otra traba: “Entre Salta y Catamarca, las fronteras de los catastros de propiedad minera no están bien definidos. Puede pasar que un registro en Catamarca esté sobre el mismo lugar de un área de Salta. Eso genera una inseguridad jurídica inadmisible”.

Para Fortunati, el pacto minero busca fijar un marco a los límites de “cuánto se lleva el Gobierno” (entre todos los niveles) de cada proyecto. O, dicho de otra forma, cuánto le cuesta a una minera hacer negocios en la Argentina. “Las asimetrías son enormes entre ingresos brutos, impuestos a los sellos, la asociación con una compañía minera provincial y las propias regalías, que no son un tema menor”, describe. “Competimos con Chile y Perú por los proyectos y los capitales no son infinitos”, remarca.

“Hoy estamos jugando el mismo partido que el resto de los países de la región. Antes de 2015, se caían las operaciones frente a una similar en Perú o en Colombia por esquemas regulatorios incomprensibles para los inversores”, rescata Lede Pizzurno como dato principal. Y su colega Olcese añade que las consultas de empresas interesadas en explorar se incrementaron. La recuperación de precios de las commodities metalíferas puede empujar aún más esos flujos, anticipa.

No obstante, la llegada de inversiones rutilantes depende de otro factor, dejan en claro los expertos. “En 12 años quedaron sin desarrollar en el pipeline muchos proyectos con factibilidad. Si bien el inversor volvió al centro de la escena, es cauto: quiere ver que esos proyectos en los que ya hubo inversión pero no llegaron a etapa de explotación sigan adelante”, resume Arbeleche. Además de Navidad, en Chubut, figuran en esa lista Pachón (cobre, San Juan), Agua Rica (cobre, oro y plata, Catamarca) o el propio Potasio Río Colorado (Mendoza), que abandonó la brasileña Vale, enumera.

“El verdadero desafío es lograr inversión en exploración. Los proyectos grandes actuales, tarde o temprano, van a entrar en producción. Pero si no hay inversión en exploración habrá un gap para que vengan después los grandes”, remata.

Fuente: Apertura.

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