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Miércoles 17 de octubre de 2018

Provincias piden fondos de Nación para preparar el ajuste de sus plantas estatales

Sección
Políticas Públicas
Fecha de publicación
8 de enero de 2018

El Pacto Fiscal establece que Nación dará asistencia para anticipar jubilaciones, retiros y planes de reinserción laboral. Se suma al congelamiento de los salarios.

El Consenso Fiscal o, como se lo conoce popularmente, Pacto Fiscal ya dio los primeros pesos. Aunque los focos están puestos en los fondos que se girarán a las provincias, en especial a Buenos Aires, el acuerdo tiene otros puntos que lentamente empiezan a tomar preponderancia y están relacionados con el ajuste de personal del Estado.

En medio del redimensionamiento de personal que encara la administración central, y mientras se espera que se realice el varias veces anunciado "ajuste político" del 20% de los cargos que Cambiemos infló de la estructura estatal desde que llegó a la Casa Rosada, las provincias comenzaron las rondas de consultas para hacer cumplir el punto que establece que el Gobierno se compromete a financiar el achique.

Bajo el título de "Programas de Retiro" el punto "O" del documento firmado por todos los distritos, salvo San Luis, establece que el Estado nacional se compromete a "Financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral".

Fuentes oficiales confiaron a El Cronista que, aunque todavía no se implementó ninguna línea especial, y que no se financian los ajustes sino los retiros y los programas, "ya hay provincias consultando sobre cómo se realizaría".

Las administraciones provinciales que enviaron sus consultas al Palacio de Hacienda son Chaco, Entre Ríos, Salta, Chubut y Río Negro. "Son los sospechosos de siempre", ironizó una fuente de Gobierno en referencia a que son los distritos que presentan mayores complicaciones desde el punto de vista de sus cuentas públicas.

Aunque no son los únicos distritos que tiene graves problemas fiscales, son los que tiene sus cuentas con rojos más intensos. A partir de esto es que en el entorno del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no descartan que lleguen más consultas de otros provincias. Otro punto a tener en cuenta es que hasta ahora sólo 14 estados aprobaron en sus legislaturas el acuerdo por el cual, entre otras casas, desisten de los juicios contra el Estado Nacional.

La caída de impuestos, como por ejemplo la rebaja que acordaron de Ingresos Brutos, complica aún más el futuro de las cuentas públicas de varios distritos. Si a eso se le suma que, aunque no sufrieron pérdidas de recursos vía coparticipación y eso fondos aumentaron, en promedio y en términos reales, un 10%, los fondos del Fondo Federal Solidario se desplomó, también en términos reales, cayeron 25% en promedio.

En este contexto un informe del Ieral establece que, de haberse puesto en marcha el Consenso Fiscal en 2017, ninguna provincia podría haberlo cumplido.

Con este dato, y mirando hacia adelante, un grupo de distritos empezó a tomar medidas en busca de "congelar" el gasto.

La provincia de Salta ya lanzó el congelamiento de salarios y de contrataciones, además de un retiros voluntarios y jubilaciones. Mendoza llevó adelante una reducción de ministerios, lo mismo hizo Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos.

En el sur del país, por ejemplo en Tierra del Fuego, la gobernadora Rosana Bertone ya anunció que el sector público no tendrá aumentos salariales en 2018. La medida alcanza al vicegobernador, funcionarios, personal de planta política del Ejecutivo, de los entes autárquicos y descentralizados. Y, obviamente, a la propia gobernadora.

Río Negro gobernada por Alberto Weretilneck abrió los retiros voluntarios en la administración pública y congeló las contrataciones.

Uno de los más drástico es el del gobierno de Chubut. La administración de Mariano Arcioni lanzó un fuerte plan de ajuste que incluye desde revisar las adscripciones y los contratos a congelar los sueldos de los funcionarios públicos, reducir en aproximadamente 40% este sector y no permitir más ingresos. Además, la provincia decidió suspender pagos de deuda hasta establecer la cifra final.

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