Región Norte Grande

Portal de Noticias para la Region Norte de Argentina.

Jueves 12 de diciembre de 2019

Legalizar las drogas: otro debate controvertido

Sección
Opinión
Fecha
22 de noviembre de 2019

Andrés López

Mientras que la evidencia histórica sugiere que el consumo de sustancias psicoactivas[1], incluyendo aquellas que hoy llamamos “drogas” en el lenguaje cotidiano, se remonta a miles de años atrás, es solo a partir de las primeras décadas del siglo XX que estas últimas comenzaron a ser declaradas ilegales generalizadamente en todo el mundo. Al presente, están vigentes tres tratados de Naciones Unidas (la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada en 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988) que, entre otras cosas, establecen listas de sustancias de acuerdo a su nivel de daño/riesgo potencial para la salud, regulando consecuentemente las condiciones en que aquellas pueden ser producidas y comercializadas. Las sustancias incluidas en las listas más restrictivas están sujetas a controles muy estrictos, y dejan escasos márgenes de maniobra para los países que pretendan avanzar hacia la creación de mercados regulados; de hecho, las iniciativas de legalización del cannabis recreacional en Canadá, Uruguay y EEUU (aunque en este caso al ser medidas de carácter estadual hay un debate al respecto)[2], están en conflicto con esas normativas. Sin embargo, por ahora prevalece un statu quo y los organismos a cargo de fiscalizar el cumplimiento de los tratados respectivos no han tomado aún acciones al respecto.

Los movimientos liberalizadores (que incluyen también experiencias más antiguas como los coffee shops de Holanda, otras más recientes como la descriminalización del consumo de drogas en Portugal y diversas medidas legislativas o judiciales que despenalizan a los consumidores en varias partes del mundo), chocan contra las políticas férreamente prohibicionistas que predominan en otras partes del mundo. Es que el rédito político de la “guerra contra las drogas”, slogan lanzado por Richard Nixon en 1971, parece seguir siendo elevado a juzgar por la forma en que muchos gobiernos publicitan los teóricos “logros” en la persecución al narcotráfico. Más aún, este enfoque se basa también en no pocas ocasiones en objetivos políticos distintos a los oficialmente declarados[3] y apela asimismo a los prejuicios raciales, étnicos, sociales y/o religiosos de amplias partes de la sociedad (los sucesivos combates contra el opio, la cocaína y la marihuana en EEUU desde las últimas décadas del siglo XIX hasta los 30 tuvieron como destinatarios claros a las poblaciones de origen chino, los negros y los inmigrantes mexicanos respectivamente).

El sensacionalismo periodístico también hace su parte. David Nutt, quien en aquel momento era jefe de la agencia que asesora al gobierno británico en materia de clasificación de drogas (luego de escribir el texto que estamos citando fue despedido) comparó el tratamiento diferente que en el debate público se le da al daño social que puede provocar, por ejemplo, el consumo de éxtasis, con el que puede generar la práctica de la equitación, la cual da lugar a muchos accidentes, incluso mortales, en jóvenes. Sin embargo, nadie piensa en prohibir esa práctica. En el mismo trabajo, Nutt señalaba que “the likelihood of a newspaper reporting a death from paracetamol was 1 per 250 deaths, for diazepam it was 1 in 50, whereas for amphetamine it was 1 in 3 and for ecstasy every associated death was reported” (p. 5).

Más aún, las decisiones sobre el carácter legal o ilegal de las sustancias psicoactivas, y la inclusión de estas sustancias en las distintas listas (más o menos restrictivas) de las convenciones internacionales y de las leyes nacionales raramente se han basado solo en evidencia científica. De hecho, algunas investigaciones[4] han mostrado que no hay una relación directa entre la legalidad o no de las distintas sustancias y el nivel de riesgo (privado y social) derivado de su consumo (e.g. el alcohol y el tabaco tienen riesgos considerablemente más altos que el éxtasis, el LSD o ciertos hongos de acuerdo a las estudios científicos recientes sobre el tema). Así no sorprende que un trabajo de destacados estudiosos del tema haya señalado que los debates sobre la prohibición o legalización de las sustancias psicoactivas han estado contaminados usualmente por uno o más de los siguientes factores: “moral panic, racial prejudice and sheer ignorance”[5].

Último, pero no menos importante, está el argumento de las libertades individuales. Viroj Sumyai, presidente de la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes (JIFE) entre 2017 y 2018, señaló que la legalización del cannabis en Canadá no promovía “a healthy lifestyle”[6]. Más allá de si ese juicio es correcto o no, está claro que al presente las sociedades, en general, no están persiguiendo a personas que siguen estilos de vida “no saludables”, tales como el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, o que tienen malos hábitos alimenticios, sino que intentan en todo caso ayudarlas a cambiar esos estilos de vida o a mitigar sus impactos negativos. El título del folleto publicado en 1875 por el pensador anarquista estadounidense Lysander Spooner refleja bien esta idea: “Vices are not Crimes”.

En cualquier caso, los resultados de la guerra contra las drogas no parecen haber sido los esperados (reducción drástica de la producción y consumo de estupefacientes vía menor disponibilidad y/o mayores precios) y los costos “colaterales” han sido muy elevados. En 2017, según estimaciones de Naciones Unidas basadas en encuestas a hogares nacionales[7], consumieron drogas ilícitas al menos una vez en el año entre 201 y 341 millones de personas; el promedio simple de este intervalo, tal como lo calcula la ONU, es de 271 millones de personas (en el caso de cannabis el número era de 188 millones de personas), esto es, el 5,5% de la población mundial entre 15 y 64 años. En 2006 ese porcentaje era de 4,9%. En tanto, la producción de opio y cocaína alcanzó niveles históricos máximos también en 2017. Asimismo, los precios de las principales drogas, ajustados por niveles de pureza, han venido bajando en las últimas décadas tanto en EEUU como en Europa (para mayor información sobre estos temas, ver los datos que hemos recopilado en este trabajo publicado recientemente).

En los EEUU más del 11% de la población mayor a 12 años consumió alguna droga ilícita de manera regular en 2017 (se trata de aquellos que declaran haber utilizado alguna de esas sustancias en el último mes previo a la encuesta respectiva)[8]. En 2002 ese porcentaje era de 8,3%. Este aumento contrasta con la caída en la población usuaria de tabaco (de 26 a 18% entre los mismos años); este descenso, aún más marcado en el caso de los adolescentes, no fue producto de prohibiciones absolutas, sino de regulaciones de consumo y publicidad, sistemas impositivos que desalientan la demanda y campañas de prevención.

Vale aclarar que este conjunto de cifras representa un piso de la verdadera población consumidora de drogas ilícitas, ya que, previsiblemente, hay una tendencia al subreporte por temor a las sanciones legales o por el estigma social que acarrea ese tipo de consumo. En el caso de la marihuana se estima que al menos 20% de los usuarios niega el consumo, mientras que en drogas en donde el estigma social es mayor (e.g. cocaína) ese nivel puede llegar a un tercio o más. Estas dificultades han llevado a algunos investigadores a explorar métodos alternativos para medir la demanda y el tamaño de los mercados de estupefacientes, incluyendo por ejemplo el análisis de las aguas residuales urbanas o métodos de “economía forense” (por ejemplo, datos sobre ventas de papel para armar cigarrillos).

Por otro lado, es interesante señalar que, pese a los aumentos de la prevalencia en el consumo de drogas ilícitas, no parece haber indicación de un incremento en la proporción de los llamados “usuarios problemáticos” (que son aquellos que sufren desórdenes y/o tienen altos niveles de dependencia de dichas sustancias). En general, se estima que solo entre el 10 y el 20% de los consumidores regulares de drogas se encuadra en esa categoría.

Los estudios académicos sobre los impactos de las estrategias prohibicionistas confirman la impresión que emerge de la estadística descriptiva. Sus impactos sobre producción y precios son, en el mejor de los casos, transitorios (aunque queda por explorar sus posibles efectos positivos en cuanto a “mantener a raya” el tamaño de la población consumidora), y suponen costos sociales y económicos muy elevados (e.g. el efecto de las fumigaciones aéreas sobre la población rural en Colombia).

Además de sus impactos limitados, la guerra contra las drogas no solo ha tenido elevados costos económicos (e.g. el presupuesto en seguridad, justicia y prisiones dedicado a reprimir el tráfico de drogas), sino también sociales. Informes de las Naciones Unidas y otros organismos y expertos, así como algunos estudios académicos (cuyos resultados hemos relevado aquí), indican que la guerra contra las drogas: i) ha dificultado el acceso a sistemas de tratamiento efectivos por parte de los usuarios problemáticos; ii) ha generado consecuencias adversas sobre los niveles de salud y bienestar sociales (e.g. por la falta de acceso a equipamiento seguro –jeringas, salas de inyección-, por la ausencia de controles sobre las sustancias consumidas –venta de píldoras o drogas sintéticas adulteradas que pueden ser mucho más peligrosas que las drogas que creen comprar los consumidores-, por los arrestos y encarcelamientos masivos, etc.) y a menudo ha implicado violaciones a los derechos humanos; iii) ha tenido impactos distributivos negativos y ha afectado particularmente a poblaciones vulnerables o discriminadas (e.g. la población negra en los EEUU); iv) ha estado asociada a crecientes niveles de violencia y corrupción, y ha facilitado el reclutamiento de jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos al mundo del delito; v) ha fomentado mayores niveles de corrupción estatal; vi) ha expuesto a situaciones de discriminación y/o estigmatización y ha dificultado el acceso a los sistemas de salud a las mujeres usuarias de drogas ilícitas. Algunos estudios encuentran, además, que las campañas de prevención y el mejor acceso a sistemas de tratamiento son más costo-efectivas que el encarcelamiento masivo, y que experiencias como la descriminalización del consumo de drogas en Portugal han tenido un impacto positivo desde el punto de vista del costo-beneficio social.

Siguiendo los argumentos del famoso paper de Becker et al (2006)[9], el aparente fracaso de la guerra contra las drogas puede explicarse, desde el punto de vista económico, por el hecho de que, en un mercado con demanda inelástica (todos los estudios disponibles indican que la demanda de drogas es claramente inelástica), esa guerra reduce los niveles de producción vis a vis un escenario de mercado, pero el aumento de precios más que compensa esa caída, y los ingresos totales de los productores suben. De hecho, los oferentes que logran evadir la persecución de la ley aumentan los niveles de beneficios obtenidos (ya que no enfrentan en la práctica los costos de la persecución). Con estos beneficios, dichos oferentes pueden corromper a las autoridades a cargo de ejercer la ley y disponer de más recursos para defender sus negocios en base a la violencia. A la vez, la percepción de que las ganancias potenciales son altas –para los “sobrevivientes” de la guerra al menos- puede inducir la entrada de nuevos jugadores que también invertirán en corrupción y violencia para disputar el mercado a los jugadores establecidos.

Si bien los precios de las drogas han venido bajando en las últimas décadas, ello es solo en parte resultado de la mayor competencia en las etapas de intermediación (que es donde se concentra el grueso de los beneficios), ya que han caído los costos de transporte y comunicación, así como las primas de riesgo involucradas en el negocio (e.g. mayor disponibilidad de personas dispuestas a actuar como “mulas” o realizar otros trabajos peligrosos en la cadena). Los traficantes tienen facilidad para cambiar rutas y métodos de comercialización a medida que las autoridades bloquean los caminos tradicionales y la emergencia de la darkweb y de otras formas de intermediación digital no hace más que potenciar esa flexibilidad. Todo ello hace que la baja de precios no se traduzca linealmente en reducción de márgenes, los cuales siguen siendo exorbitantes y, por tanto, siguen atrayendo a nuevos jugadores a la industria.

En este escenario, no sorprende que sean cada vez más las voces que cuestionan la lógica de la guerra contra las drogas y llaman a replantear las normas internacionales vigentes. Estas voces incluyen desde ex jefes de Estado de diversos países y otras figuras políticas de peso internacional, hasta reconocidos expertos académicos en diferentes campos del conocimiento, incluidos varios Premios Nobel[10].

Dada la creciente insatisfacción con los resultados del enfoque prohibicionista, es útil relevar los estudios académicos que intentan evaluar, a través de métodos cuantitativos rigurosos, los resultados de las experiencias de liberalización del consumo de drogas llevadas adelante hasta el momento. En el trabajo que hemos mencionado antes, resumimos la evidencia principal que surge de 46 estudios de ese tipo, 37 de ellos sobre EEUU (que abarcan tanto cannabis recreacional como medicinal), 2 sobre Portugal, 3 sobre Australia, 1 para Italia, otro para República Checa y otros dos son multipaís. Por cierto, las mediciones de impacto están sujetas a una serie de limitaciones, desde la más obvia, relativa a que en ningún caso se basan en diseños experimentales, hasta otras que se vinculan en buena medida con cuestiones de disponibilidad y validez de los datos ya discutidas más arriba. Por ejemplo, si las mediciones de impacto se basan en datos de encuestas, las respuestas de los participantes pueden variar sistemáticamente antes y después de la iniciativa de liberalización debido a que cuando se descriminaliza o legaliza el consumo de una sustancia, podría ser menor el porcentaje de personas que mienten sobre dicho consumo (en otras palabras, habría un menor nivel de sub-reporte). Por otro lado, las medidas de liberalización podrían ser endógenas y reflejar preferencias previas de los ciudadanos del país/estado que las adoptan; si, por ejemplo, en los estados de los EEUU que han legalizado el uso recreacional del cannabis había una legalización “de facto” debido a la tolerancia social de dicho consumo, es posible que los impactos no sean grandes. Asimismo, la validez externa de los resultados se ve limitada debido a que los contextos culturales, históricos, sociales y políticos pueden afectar de manera sustantiva los impactos observados en distintas sociedades. Los resultados también pueden diferir fuertemente según la forma que adopten las iniciativas de liberalización (e.g. legalización vs descriminalización, cannabis medicinal vs recreacional, tipo de regulaciones, sistemas impositivos, etc.). Los mecanismos específicos mediante los cuales se producen los efectos encontrados también deben ser motivo de ulteriores investigaciones. Finalmente, la mayoría de las iniciativas estudiadas son recientes, mientras que nosotros estamos interesados en sus efectos de largo plazo; por tanto, es necesario esperar más tiempo para tener la película completa. En cualquier caso, es útil resumir la evidencia que surge de este conjunto de estudios, ya que, aún con sus limitaciones, echan luz sobre los posibles resultados de cambios en las reglas que rigen la cadena de producción y consumo de estupefacientes.

Los estudios relevados examinan fundamentalmente tres tipos de impactos, a saber, sobre el consumo, sobre la salud de los usuarios y sobre niveles de criminalidad. No es fácil resumir la evidencia recogida debido a que, como es de esperar, los resultados de los trabajos difieren en cuanto al signo y magnitud de los impactos encontrados (no solo porque usan diversas fuentes y metodologías, sino porque examinan distintas experiencias). Con todo, nuestra lectura general es la siguiente: i) las iniciativas de liberalización/despenalización, según la mayor parte de los trabajos sobre el tema, parecen llevar a aumentos leves/moderados de la prevalencia del consumo de cannabis en la población adulta (en torno al 15/25%, niveles algo menores a los estimados en las evaluaciones ex ante mencionadas previamente) y probablemente a mayores tasas de desórdenes asociados a dicho consumo, pero no a mayores niveles de prevalencia en adolescentes. Estos hallazgos son básicamente consistentes con los que emergen de las estadísticas descriptivas disponibles para los estados de Colorado y Washington (pioneros en la legalización del cannabis recreacional en los EEUU); ii) algunos trabajos encuentran que las mismas ayudan a reducir el uso de sustancias más peligrosas (e.g. cocaína, heroína) y los problemas de salud asociados a dicho uso; iii) hay evidencia respecto de que la liberalización no induce mayores niveles de criminalidad y de hecho varios trabajos hallan que ayuda a reducir ciertos tipos de crímenes (y a achicar el negocio del narcotráfico). Esto podría ocurrir tanto por el propio efecto directo de la reducción del mercado negro, como porque la policía puede ocupar más tiempo en la prevención de otros tipos de crímenes; en algunos estudios se menciona también que la apertura de dispensarios ayuda en el mismo sentido, en tanto que eleva el nivel de circulación de personas y la vigilancia en barrios con relativamente altos niveles de delito; y iv) algunos estudios hallan impactos positivos o neutros sobre ciertos indicadores de salud (e.g. accidentes viales o laborales, suicidios).

En suma, la evidencia disponible sobre los pobres resultados y altos costos de la estrategia prohibicionista y la que recién hemos resumido sobre experiencias de legalización, sugieren que es necesario debatir seriamente un cambio en las actuales normas legales en torno a las drogas. El debate sobre políticas no es una elección binaria (prohibición total vs libre mercado sin regulaciones), sino una evaluación entre diversas alternativas que incluyen la legalización de todas o solo ciertas sustancias (bajo condiciones regulatorias e impositivas a definir en cada caso), así como la despenalización o descriminalización del consumo personal de las drogas ilícitas. Aunque pueda parecer obvio, digamos que aun aquellos que proponen legalizar algunos de estos mercados enfatizan la necesidad de que esas reformas vengan acompañadas de intensas campañas de prevención (focalizadas en particular en evitar el consumo problemático), así como de mejores sistemas de tratamiento y rehabilitación para usuarios en esa condición. En otras palabras, sugerir que se necesita un debate que ayude a avanzar sobre costos y beneficios potenciales en un sendero de legalización/descriminalización no implica para nada minimizar los riesgos que supone el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales; de lo que se trata es de empezar a abordar esos riesgos como se hace con el consumo de otras sustancias también riesgosas (e.g. regulaciones, impuestos, etiquetados, licencias para producción y venta, campañas de información, etc.), de acuerdo a sus niveles de daño potencial. Repitiendo las palabras de un informe de la Global Commission on Drug Policy, la regulación de las drogas “hace que el control de las drogas se transfiera de mercados criminales no regulados a agencias gubernamentales apropiadas” (p. 11).

A partir de un enfoque económico convencional, el Premio Nobel de Economía Gary Becker, en el paper ya mencionado, mostró que, en general, imponer un impuesto al consumo de las drogas hoy ilícitas es más eficiente socialmente que la prohibición (en términos de reducir producción y aumentar precios), en especial considerando que la demanda de aquellas es inelástica, y que los costos de enforcement de la prohibición no son nulos. Esto no implica que esa sea la solución óptima para todas las sustancias considerando que estas difieren vastamente en sus niveles de peligrosidad tanto para los usuarios como para terceros. Asimismo, si hubiera razones políticas o sociales que demoraran o dificultaran la emergencia de mercados regulados, la descriminalización del consumo de las drogas ilícitas ayudaría a reducir los costos derivados de la persecución y encarcelamiento de los usuarios, a asignar recursos policiales y judiciales escasos a la vigilancia y penalización de otros tipos de crímenes y a incrementar la posibilidad de que los consumidores problemáticos acudan a tratamientos de rehabilitación. Finalmente, si también estas medidas fueran complejas de adoptar, las estrategias de reducción de daños mejorarían el statu quo (e.g. tests de píldoras, intercambio de agujas, salas seguras de consumo, etc.); lo mismo vale para la asignación de más recursos a campañas de prevención, para la facilitación del acceso a sistemas de tratamiento de calidad para los consumidores problemáticos y para la adopción de alternativas más eficientes socialmente que el encarcelamiento de consumidores y pequeños vendedores. En cualquier caso, todo sugiere que es tiempo de debatir seriamente sobre este tema, dejando de lado el oportunismo político y los prejuicios sociales, con base en la evidencia científica y abriendo la puerta a encontrar alternativas mejores que el statu quo, con su carga de elevados costos sociales y económicos.

[1] Las sustancias psicoactivas son todas aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central y pueden alterar el comportamiento, la percepción, el ánimo, la conciencia y/o la cognición. Entre ellas, además de las drogas ilícitas, se encuentran otras que son de consumo legal, aunque en general regulado de diversas formas, incluyendo la cafeína, la nicotina, el alcohol y diversos medicamentos (sedantes, ansiolíticos, analgésicos, etc.).

[2] Luxemburgo también ha anunciado la legalización del mercado de cannabis y otras naciones están debatiendo decisiones similares.

[3] Según la siguiente fuente https://harpers.org/archive/2016/04/legalize-it-all/, este sería el caso del slogan de Nixon también. En efecto, John Ehrlichmann, asesor de política interior de Nixon y uno de los responsables del caso Watergate, habría dicho: “The Nixon campaign in 1968, and the Nixon White House after that, had two enemies: the antiwar left and black people. You understand what I’m saying? We knew we couldn’t make it illegal to be either against the war or black, but by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings, and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did”.

[4] Ver Nutt, D. et al (2007). Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. The Lancet 2007; 369: 1047-53 y Van Amsterdam, J. et al. (2015). European rating of drug harms. Journal of Psychopharmacology. 10.1177/0269881115581980.

[5][5] Caulkins, JP., Reuter, P., Coulson, C. (2011). Basing drug scheduling decisions on scientific ranking of harmfulness: false promise from false premises. Society for the Study of Addiction. doi:10.1111/j.1360-0443.2011.03461.x

[6] https://news.un.org/en/tags/legalization

[7] https://wdr.unodc.org/wdr2019/

[8] https://www.samhsa.gov/data/data-we-collect/nsduh-national-survey-drug-use-and-health

[9] Becker, G., Murphy, S., Kevin M. y Grossman, M. (2006). The market for illegal goods: the case of drugs. Journal of Political Economy, Vol. 114, No. 1, pp. 38-60.

[10] Ver por ejemplo, los informes de la Global Commission on Drug Policy.

Buscador

Envíe esta noticia a un amigo

Puede enviar la noticia a varias personas separando las direcciones con comas.

Desarrollado por 27Sur