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Lunes 18 de noviembre de 2019

Provincias: Es necesario avanzar con la integración regional

Sección
Integración
Fecha
26 de septiembre de 2019

Editorial *

Entre los muchos desafíos que los próximos gobernantes enfrentarán desde el primer día, cualesquiera sean sus signos partidarios, estará el rediseñar la matriz regional para la producción, la distribución de las rentas provinciales y la formación de capitales. Un modelo que sea justo y a la vez solidario, que permita crecer a partir de sus propias soluciones y de las que aporte la Nación desde la esfera de sus competencias exclusivas.

Las regiones tienen recursos generosos y fuentes de riquezas pero de las que están actualmente en explotación muchas producen ingresos y beneficios de los cuales un muy bajo porcentaje queda en las provincias.

Profundizar la integración regional implicará aumentar la rentas de las provincias.

En algunos casos de zonas oscuras, en las cuales las autonomías de la Nación están superpuestas con las de las provincias o no están reguladas ni definidas, se debe consensuar prontamente las soluciones.

Para esos fines una herramienta útil sería optimizar el funcionamiento de la Región del Norte Grande como persona jurídica pública con intereses y facultades para atender determinados temas económico-sociales.

El orden regional

La Constitución Nacional reformada en 1994 permite a las provincias crear regiones, para equilibrar sus diferencias y combatir el subdesarrollo, integrando más eficazmente los espacios territoriales y los factores de producción. Esta potencialidad se ejerce mediante tratados o convenios y sin otro requisito que ponerlo en conocimiento del Congreso de la Nación.

Será una nueva persona jurídica pública con todas las atribuciones de un sujeto de derecho autónomo, que puede darse sus propias normas porque como lo dice el art. 124, las regiones conformadas podrán establecer los órganos que estime convenientes que tendrán todas las facultades necesarias para realizar los actos necesarios para el logro de sus fines.

La región del Noroeste argentino (NOA) era ya una realidad antes de 1994; un lustro después, en 1999, el NOA y el Noreste argentino (NEA) dieron un paso más y avanzaron en la constitución del la Región Norte Grande, acuerdo en el cual las diez provincias del NOA y del NEA fijaron en dieciséis cláusulas el germen del marco jurídico del nuevo ente.

Actualmente existen en el país cuatro regiones integradas funcionando con distintos y diferentes grados de eficacia. Además de la "Región del Norte Grande Argentino" creada en 1999 (Catamarca, La Rioja, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero) está la "Región del Nuevo Cuyo" (1988; Mendoza, San Juan y San Luis), en tercer lugar la "Región Centro" (1998; Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y finalmente la "Región de la Patagonia", (1996; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa).

Los tratados o convenios son el marco jurídico de estas regiones; les dan origen y tienen, o prevén, estatutos que son la fuente de normas que, sumadas a los artículos. 124 y 125, le otorgan capacidad de derecho para sus fines, no necesitando de normas de rango inferior para ponerlas en funcionamiento. Esta nueva visión de la autonomía provincial fue anticipada en 1988 en el Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo, que indicaba que "Resulta necesario encauzar el rol activo que le compete a las distintas provincias, enfatizando en la descentralización como un instrumento que libera la capacidad creadora de las comunidades regionales para la resolución de sus principales problemas y, en definitiva a través de ella, la conformación de instancias superiores de organización".

Para la Región Norte Grande su objetivo no ha variado, sólo se propone "reencauzar" ese rol descentralizador de las provincias e imponer otra dinámica a la región. Para ello sería necesario modernizar algunos textos de su estructura. La Región Norte Grande posee los órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines pero el convenio y demás instrumentos administrativos merecen su adecuación a la velocidad de los cambios actuales y al uso de la tecnología imperante en este Siglo 21.

No es una casualidad que el art. 124 de la Constitución que permite crear regiones en su último renglón otorgue a las provincias la propiedad de sus recursos naturales, petróleo y gas entre otros, los que se asocian inmediatamente con la rapidez de las gestiones y los perjuicios que ocasiona el reaccionar mal y tarde.

El desafío político

La idea de reencauzar el rol descentralizador de las provincias es una tarea política porque las modificaciones deberán consensuarse entre la decena de provincias que constituyen el Norte Grande, es una tarea técnica porque deberán encontrarse las fórmulas económicas, jurídicas y tecnológicas acordes con la actualidad del mundo frente a la realidad de la región, y es una tarea legislativa porque habrá que definir con precisión y legislar homogéneamente las normas que tendrán vigencia regional.

Actualizar la estructura jurídico-administrativa de la Región Norte Grande es una tarea compleja; pero no hacerlo es perjudicar la eficacia de esa herramienta institucional y alejará aún más la posibilidad de cumplir con los objetivos enunciados en su cláusula III: establecer órganos con competencia y facultades que permitan la coordinación de políticas y la materialización de proyectos de interés común que, en los hechos, "acrecentarán el potencial económico-social regional".

Fuente: En base a un texto publicado en El Tribuno

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