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Viernes 21 de septiembre de 2018

Exportaciones e integración regional

Sección
Integración
Fecha
11 de julio de 2018

Eduardo R. Ablin *

El reducido nivel y avance de las exportaciones argentinas -global y per cápita- tiende a ser atribuido a la falta de instrumentación de tratados de libre comercio (TLC) que le permitirían acceder en condiciones preferenciales a los mercados de países de gran envergadura económica, elevado crecimiento e intercambio, acorde con la evolución del comercio en el Siglo XXI, destacándose que hasta 2017 la Organización Mundial del Comercio (OMC) registra 445 acuerdos de vinculación comercial entre sus miembros, con una participación promedio en 14 TLC y un ritmo anualmente creciente.

Resulta evidente que la Argentina no es un jugador relevante en el comercio internacional -al destinar sólo 13% de su PIB a la exportación- más allá de su influencia sobre muy limitados mercados de productos agropecuarios. Así, mientras el PIB de la RA representaba en 2016 en torno a 0,73% del mundial, sólo concentraba 0,36% de las exportaciones globales de bienes y servicios.

Ubicada en el puesto 45° en el ranking mundial de exportadores registra idéntico porcentual al de inicios del siglo, sólo la mitad de su participación de hace 50 años, caída que en términos históricos se observa aún frente a otras economías de la región, evidenciando un desempeño exportador exiguo que se refleja en reiteradas crisis de balanza comercial.

Esta retracción de la participación en el comercio internacional es adjudicada por buena parte de los analistas y organizaciones empresariales a cuestiones logísticas, aunque esencialmente a las desventajas para acceder a grandes mercados, donde se debe competir con producciones alternativas que se benefician -como corolario de negociaciones comerciales bilaterales- de la eliminación parcial o total de los aranceles de importación, logrando así aunarse eficientemente a la producción internacional de las cadenas de valor.

A partir de allí se sostiene la necesidad de integrarnos “inteligentemente” al mundo a través de instrumentos como los, que aportan institucionalidad y nuevos mercados. Al respecto se cita como ejemplo que Chile dispone de TLC que lo vinculan en condiciones preferenciales con el 87% del PIB mundial mientras que en nuestro país los acuerdos suscriptos sólo cubren el 11% del mismo, lo que requiere avanzar hacia una apertura más profunda, aspirando a expandir dichos lazos hasta alcanzar el 40% del PIB mundial.

En el caso de Australia -país estructuralmente más comparable con la RA- dicha cobertura de acuerdos preferenciales engloba el 52% del PIB global.

Sorprendentemente, la promoción de estas expectativas omite explicitar que el andamiaje jurídico del Mercosur impide a los miembros negociar tratados bilaterales -como en el caso de los países citados como ejemplo, e inclusive otros como Perú y Colombia- ya que todo acuerdo de preferencias comerciales con terceros países debe ser concretado en forma conjunta por el Mercado Común como bloque, lo que en su oportunidad impidió a Uruguay avanzar negociaciones unilaterales con Estados Unidos (EE.UU.) y la República Popular China (RPC). Recientemente, importantes organizaciones empresariales brasileñas también han planteado que el actual mecanismo del Mercosur impide adoptar una política comercial orientada a lograr TLC, dificultando las divergencias comerciales entre los socios la formación del consenso necesario para poder negociarlos.

Al mismo tiempo, se soslaya que el análisis citado incluye en el 10% del PIB mundial con el cual la RA sostiene relaciones preferenciales a los propios socios del Mercosur (3,3%) y sus Estados asociados (Chile y Bolivia), así como a las preferencias supérstites en el marco de la Alalc (3,3%). El resto del PIB mundial computado hasta alcanzar el 10% corresponde a los escasos TLC suscriptos por Mercosur -Israel (0,4%) y Egipto (0,4%)-, así como los acuerdos preferenciales con la India (2,8%) y la Unión Aduanera de África Austral (SACU), con 0,4%.

Nuestro país, ni el Mercosur, han desarrollado, según este diagnóstico, una agenda consistente de negociaciones comerciales con mercados relevantes desde la creación de la OMC en 1995, omisión que habría impedido al comercio exterior contribuir al crecimiento económico y empleo acorde a su potencial. Por ello, las actuales autoridades han promovido desde el inicio de su mandato retomar decididamente la gestión del TLC entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), cuya negociación se inició hace veinte años, habiendo anticipado -en los máximos niveles gubernamentales- su inminente conclusión en innumerables ocasiones. La última, a comienzos de julio de 2018.

La actual Presidencia del Consejo de la UE -a cargo de Austria- reaccionó señalando que las propuestas sobre productos comerciales, incluyendo la agricultura, no se han definido lo suficiente en el marco de las negociaciones, pudiéndose hacer mucho más en términos de calidad de las propuestas, por lo que propone a la Comisión de la UE seguir negociando, ya que los avances “demandarán un tiempo” sin resultar previsible cerrar el acuerdo durante 2018. No es el objeto de esta nota evaluar las potenciales ventajas o limitaciones de este proyecto, sino meramente señalar que el mismo conlleva aún sustantivas dificultades como para reflejar un modelo exitoso de integración al mundo desarrollado en un marco donde ambos bloques -ciertamente el Mercosur- exhiben diferencias internas de difícil superación que han aflorado alternativamente a lo largo de dos décadas. Así, mientras la Cancillería de Argentina señala que un fracaso negociador constituiría la pérdida de una “oportunidad histórica” las autoridades uruguayas califican a los términos ofrecidos por la contraparte como un “acuerdito”.

Reconociendo por primera vez la eventual falta de realismo que permeó en buena medida la negociación con la UE, las autoridades nacionales han reclamado mayor flexibilidad al Mercosur a fin de reconsiderar la opción de una negociación con la RPC, aunque sin desconocer que debe todavía evaluarse el impacto del vínculo comercial de todos los miembros del Mercosur con dicha potencia, ya que un TLC conlleva una profunda decisión estratégica frente al potencial competitivo chino.

Al respecto, en enero pasado, el presidente Mauricio Macri habría asegurado a su par uruguayo que no interpondría barreras para que su país negociara un TLC unilateral con la RPC, aunque esperaba que el bloque regional pudiera previamente definir una estrategia conjunta al respecto, priorizando aún la negociación con la UE. La visión uruguaya, por su parte, enfatizaba la necesidad de abrir nuevos mercados ante el contexto internacional, recordando que Mercosur recibió hace seis años una solicitud de TLC por parte china, no habiéndose expedido al respecto. Así, la inexistencia de tal acuerdo costaba al Mercosur U$S 1.500 millones anuales en aranceles, al margen del desplazamiento de muchos productos de ese mercado, en tanto la RPC concluyó desde entonces TLC con competidores directos del Mercosur, como Chile y Nueva Zelanda.

En esta línea, el inicio en julio de la Presidencia Mercosur por parte del Uruguay ha reafirmado la escasa expectativa de dicho socio de un pronto cierre del acuerdo con la UE, generando una sorpresiva alteración de la posición argentina, que aun calificando al acuerdo con la UE positivamente -y ubicándolo en una etapa “finalísima”- ratificó la conveniencia de iniciar conversaciones con la RPC, en razón de su envergadura comercial, tendentes a alcanzar un TLC. No cabe descartar que una reorientación entre opciones tan significativas y disímiles pudiera parecer un ultimátum a la UE, al mismo tiempo que someter al Mercosur a negociar desde una posición de debilidad frente a la RPC, en tanto un enfoque estratégico de tal magnitud no puede sustituirse en forma intempestiva al implicar una inserción profunda de los intereses chinos en el Cono Sur que podría asimismo colisionar con aquellos de la UE e inclusive EE.UU.

Mientras se dilucida este tema latente la RA cerró acuerdos a nivel bilateral con Chile y Colombia, al mismo tiempo que se han lanzado incipientes negociaciones Mercosur con Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Marruecos, Túnez, Singapur, Japón, y el bloque de la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC o EFTA) que integran Noruega, Suiza, Islandia y Lichtenstein. Ninguna de estas negociaciones -dirigidas a cubrir adicionalmente 29% del PIB mundial- han superado por ahora etapas preliminares, agregándose el anticipo británico que el Brexit le permite considerar un potencial acuerdo bilateral de libre comercio.

En resumen, la situación descripta permite vislumbrar que los que reclaman en nuestro país un mayor recurso a TLC para mejorar nuestra capacidad exportadora deberán estar dispuestos a aceptar una menor intensidad del proceso de integración. Si, por el contrario, la estrategia exportadora argentina continúa dependiendo del mercado brasileño como principal destino de sus colocaciones industriales enfrentará una clara contradicción entre ambos objetivos. A menos que el Mercosur reoriente su estructura hacia una Zona de Libre Comercio, lo que al permitir TLC autónomos de los miembros con terceros países complicaría enormemente el régimen de origen para la circulación interna de bienes. Cabe esperar que las autoridades puedan evaluar con precisión las implicancias potenciales de senderos políticos y comerciales eventualmente incompatibles.

*Embajador

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