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Martes 21 de noviembre de 2017

El sistema de inteligencia de Argentina

Sección
Opinión
Fecha
31 de mayo de 2017

ADC *

A casi un año y medio de la asunción de un nuevo gobierno en Argentina, la agenda de inteligencia ha estado marcada por tres sucesos principales: 1) el traspaso de las escuchas telefónicas desde la Procuración General de la Nación hacia la Corte Suprema de Justicia; 2) una reforma al estatuto del personal de inteligencia y 3) la designación de las nuevas autoridades del máximo órgano de inteligencia del país, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desde ADC, consideramos que estos tres acontecimientos presentan aristas preocupantes en vista del objetivo de lograr un sistema de inteligencia transparente, eficiente y democrático.

1) El 24 de Diciembre de 2015, a través del decreto 256/2015 , el actual gobierno dispuso la transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la Procuración General de la Nación hacia la Corte Suprema de Justicia. Las razones esgrimidas para esta transferencia se fundaron en garantías a la imparcialidad en las interceptaciones, al derecho de la intimidad de las personas, y al respeto a las autonomías de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

En virtud de estos argumentos, se disolvió la DICOM y la Corte Suprema creó en su reemplazo la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (DCC). Se trató de un proceso de transferencia que generó debates sobre su constitucionalidad y su conveniencia, en tanto: a) se efectuó a través de un decreto, sin que se hubiese demostrado la necesidad o la urgencia indispensable para poder recurrir a este tipo de instrumento; b) se le atribuye a la Corte Suprema una competencia no establecida por la Constitución; c) lo intempestivo de la medida atentaría contra la exigencia de un personal capacitado mediante un proceso de aprendizaje efectivo.

Asimismo, a fines de septiembre de 2016 tuvo lugar una nueva reestructuración institucional, con la creación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación. Dentro de esta nueva Dirección, se creó la Oficina de Captación de Comunicaciones, que reemplaza a la DCC. Información aportada por la Dirección permitiría vislumbrar una intención de sujetar la actividad de interceptación de la comunicación a reglas generales que respeten principios de transparencia y legalidad. Sin embargo, todavía no es posible hacer una evaluación definitiva hasta tanto no se conozca la reglamentación interna de la Dirección. Debemos observar con mucha atención el nuevo lugar que ocupa la flamante Oficina: la pérdida de su autonomía institucional y su consecuente ubicación dentro del organigrama de la recién creada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación convierte a la actividad de interceptación en una herramienta auxiliar dedicada a facilitar las tareas de investigación de delitos. Esta reorganización plantea algunas inquietudes, ya que pareciera que las prácticas de captación son concebidas sólo como un medio puesto al servicio de la investigación judicial, sin tomar en cuenta los riesgos que dicha actividad puede acarrear para los derechos de la personas.

En este contexto, no podemos dejar de mencionar las filtraciones de los audios de escuchas telefónicas realizadas al ex secretario de inteligencia Oscar Parrilli, en conversación con la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner, aún en investigación judicial.

2) En Mayo de 2016, el presidente Mauricio Macri aprobó por decreto un nuevo Estatuto para el personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos. A pesar de ello, las modificaciones introducen dificultades a la ciudadanía para acceder a cierta clase de información, como la actual estructura orgánica de la AFI o el régimen de administración de fondos;

3) El proceso de designación de las nuevas autoridades de la AFI -Gustavo Arribas para el cargo de Director y Silvia Majdalani para el cargo de Subdirectora-, fue cuestionado debido a la ausencia de un proceso abierto en sus nombramientos, la falta de antecedentes y de idoneidad de ambos candidatos, y su involucramiento en causas judiciales.

En estos casos, la actuación estatal ha estado orientada a reforzar el control gubernamental sobre los servicios de inteligencia, antes que a construir un sistema que busque generar confianza en la ciudadanía. Pareciera ser que los mismos problemas de siempre siguen permeando todo el debate. Así, los esfuerzos de la sociedad civil por alcanzar un sistema de inteligencia ajustado a los límites de un Estado de Derecho deberán seguir esperando para su efectiva realización.

Informe Completo: "El cambio que no llega. Un análisis sobre los recientes acontecimientos en el sistema de inteligencia en Argentina"

* Asociación de Derechos Civiles.

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